Al reo, que es el causante del damnum, le corresponde pagar
la indemnización, o sea, resarcir del daño al damnificado. Siempre, por supuesto;
sin excepciones. Para eso estamos constituidos en ESTADOS DE DERECHO, para comportarnos
conforme a derecho (el que la hace, la paga). Si no fuese así, esto sería la jungla.
Está claro que si Milósevich sale vivo de ésta, será juzgado en un tribunal
internacional por sus crímenes. Y está claro que los jueces no tendrán ninguna
intención de cargarle crímenes que no sean suyos. Pero me asalta una duda: ¿se
atendrán los jueces a la doctrina Clinton-Solana-Aznar según la cual el único culpable
de los bombardeos y de sus daños colaterales es Milósevich, y nadie más que
Milósevich? Así a botepronto, me cuesta pensar que exista un solo juez en el mundo,
aunque sea en el tercero o en el cuarto, que se atreva a dictar sentencia en el sentido en
que pontifican Clinton, Solana y Aznar. Más aún, entiendo que este tipo de sentencias
sólo podrían ser válidas en un DERECHO DE GUERRA que, ya se sabe, es totalmente
aleatorio. Son tribunales militares los que juzgan y dictan las sentencias, y no en
función del derecho (si así fuese, ya podrían hacerlo los tribunales ordinarios), sino
en función de las necesidades de la guerra.
Pero he aquí que no estamos en guerra, y por tanto los que destruyen y matan no
pueden acogerse al derecho de guerra. En el más elemental sistema judicial,
mientras no se declare la guerra, las destrucciones y las matanzas tanto de un bando como
de otro, están sometidas al derecho ordinario. Si alguna virtud jurídica tiene la declaración
de guerra, es que lo que en derecho ordinario son actos criminales,
perseguibles de oficio (todos los jueces y fiscales tendrían que estar trabajando como
locos para perseguir los crímenes de uno y otro bando; ¿cómo no se ha dictado todavía
orden de detención contra Milósevich el primero y luego contra todos los demás que, sin
haberse declarado la situación jurídica de guerra destruyen y matan sin ninguna
moderación?)
Supongamos que el que le han destruido la casa o la fábrica o le han matado a un
pariente, presenta una demanda judicial contra la OTAN. Hemos de suponer que mientras
estamos en paz (el tiempo de guerra viene marcado por decisión de los respectivos
parlamentos) nadie, por poderoso que sea, y por más estados mayores y menores que tenga
detrás, puede destruir y matar impunemente. Hasta ahí podíamos llegar. Es de suponer,
pues, que la OTAN y los presidentes de los gobiernos que forman parte de ella, habrán
calculado su responsabilidad civil y criminal, que incluso un tribunal tercermundista les
exigiría. Lo habrán calculado, por supuesto. Y todavía deben salirles las cuentas.
Porque la madre del cordero está en que no han querido someter a los respectivos
parlamentos la votación de declaración de guerra. Un parlamento, señores civilizados,
tiene obligación de hacer las cosas bien. No puede votar a nadie la autorización para
que destruya y mate. No puede hacerlo, aunque ese destruir y matar se haga con las mejores
intenciones del mundo. Está obligado a DECLARAR LA GUERRA. Es la legalidad.